31 de agosto de 2013

Valoración sobre las propuestas de Diego Márquez en "Círculos José Antonio" (II)



Acerca de la idoneidad del sistema económico español, Diego Márquez dio una explicación que es perfectamente válida para la época presente: “El sistema económico español es de claro corte capitalista, por lo que, indudablemente y en base a nuestra propia ideología, no lo consideramos el adecuado para España.
Y esto es así porque el sistema capitalista, por su propia esencia y por sus planteamientos, no da opción al trabajador para que participe de los beneficios que se obtienen con su esfuerzo. La plusvalía, en el sistema capitalista, va destinada, exclusivamente, al capital. Al trabajador se le paga escuetamente con el salario.
Para nosotros el trabajo es un factor humano, es una facultad del hombre, por lo que en buena filosofía cristiana debe estar, no ya por encima, sino en un plano conceptual diametralmente opuesto del capital, simple instrumento de la producción.
Nos encontramos así, en el sistema capitalista, que un simple instrumento de la producción (el capital) se sitúa en posición superior a un factor humano (el trabajo) y le impone sus condiciones.
Todo ello comporta, necesariamente, unas situaciones de injusticia social que desembocan en un enfrentamiento casi permanente de capital y trabajo con unas consecuencias difíciles de prever, pero que configuran un "status" eminentemente conflictivo.
Decía José Antonio que "la gran tarea de nuestra generación consiste en desmontar el sistema capitalista, cuyas últimas consecuencias fatales son la acumulación del capital en pocas manos y la proletarización de las masas".
Nosotros seguimos pensando en esta gran tarea y seguimos creyendo que el capital es un instrumento económico que tiene que servir a la economía total y que no puede ser, por tanto, el instrumento de ventaja y de privilegio de unos pocos que tuvieron la suerte de llegar antes.
En resumen, creemos que hay que transformar esta absurda economía capitalista, donde el que no produce nada se lo lleva todo y el hombre que trabaja o crea riqueza no alcanza la más mínima participación en esos fabulosos beneficios que se apropian los privilegiados”.
Más adelante, Diego Márquez valorará la importancia dentro de la economía nacionalsindicalista del sindicato como comunidad de trabajadores (y no según la concepción liberal actual), como propietario de los medios de producción y como partícipe de la planificación económica: “Vivimos unos tiempos en que la economía desempeña un papel importante dentro de cualquier programa de gobierno. Para muchos de nosotros el desarrollo social o cultural está por encima de cualquier otro supuesto y entendemos que deben ser objetivos fundamentales en cualquier actuación política. Sin embargo, sería absurdo ignorar la importancia de los planteamientos económicos, ya que, precisamente de esos planteamientos, puede derivarse la posibilidad o imposibilidad de unos eficaces desarrollos sociales y culturales.
Por ello el desarrollo económico debe ocupar un lugar importante, como antes decimos, en un programa de gobierno. Ahora bien, para nosotros el desarrollo económico es la consecuencia de un planteamiento general de la economía. Este planteamiento, en nuestra doctrina, debe obedecer, ineludiblemente, a una transformación previa de las estructuras económicas, que posibilite la participación del trabajador en la propiedad de la empresa, la estructuración del sindicato de empresa como entidad propietaria de la misma y la planificación, como consecuencia lógica, de la economía nacional, desde un gran Congreso Nacional de trabajadores que fuese, en definitiva, el encargado de marcar objetivos y líneas de desarrollo de esa misma economía.
Así sería dentro de un contexto nacional-sindicalista del Estado. Ahora bien, en un sistema netamente capitalista como el actual suponemos que los dividendos de las grandes sociedades anónimas van a seguir siendo los índices por los que se va a guiar la economía española, de modo que al interés de ese gran capital van a quedar subordinados cualesquiera otros tipos de desarrollo social o cultural.
No es difícil, por tanto, prever que el desarrollo económico ocupará el primer lugar en un orden liberal-capitalista, se concebirá como el objetivo fundamental del sistema y el precio será nuestro trabajo, el de todos los trabajadores españoles, que recibiremos, en el mejor de los casos, a cambio un salario, marcado por los dueños del dinero, con el cual deberemos desarrollarnos social, cultural y espiritualmente, si ese es nuestro gusto y si podemos”.
La parrafada que viene a continuación bien valdría para ser propuesta hoy a los españoles como medidas contra la crisis económica: “La inflación es un fenómeno económico que surge en momentos en que se desequilibra la relación precios-salarios. Por lo tanto, son estos dos elementos los que requieren un control más intenso, sobre todo en momentos de crisis económica general.
Para conseguir este control es necesario estabilizar al mismo tiempo salarios y precios, no permitiendo bajo ningún concepto el aumento de los mismos. Al propio tiempo habría que revisar la política de crédito, reduciendo los que fuesen a destinarse a fines lucrativos y estimulando los que se destinasen a creación de empresas que supusiese aumento de puestos de trabajo. En este sentido sería fundamental la ayuda a las pequeñas y medianas empresas, base, todavía, de la economía española.
Otra medida necesaria en caso de inflación sería la reducción de importaciones, en la medida de lo posible y el aumento, al máximo, con toda clase de facilidades, de la exportación.
El paro debería afrontarse reduciendo al máximo el pluriempleo, en primer lugar, y después destinando créditos, como antes decíamos, a la creación de empresas que promoviesen puestos de trabajo. Habría también que fomentar las obras públicas (carreteras, pantanos, repoblación forestal, etc.), la construcción de viviendas sociales y la mecanización de la agricultura.
Con todo ello, y tratando de evitar por todos los medios la emigración de trabajadores, cabría la posibilidad de mitigar en alguna medida el paro.
No obstante, habría de preverse el porcentaje ponderado de trabajadores en paro forzoso para cubrir este riesgo con el Seguro de Desempleo.
Otras medidas que contribuirían a mitigar el problema del paro podría ser la supresión de las horas extraordinarias, la reducción de la jornada laboral, la implantación de la jornada continuada en todas las actividades, lo que evitaría la posibilidad de pluriempleo, el adelantamiento de la jubilación, etc”.
Las políticas emprendidas por los últimos gobiernos capitalistas de España (que además han demostrado no ser eficaces para resolver los problemas de los trabajadores pero sí para fortalecer a la estructura económica actual) son radicalmente opuestas a lo que proponía Diego Márquez en 1977. Sin embargo, va a ser muy complicado que veamos a los tecnócratas de nuestros gobernantes apostando por adelantar las jubilaciones (en vez de atrasarlas), por hacer frente al pluriempleo (sobre todo cuando algunos ya valoran eso de los “mini-jobs”, los trabajos a tiempo parcial por debajo del salario mínimo interprofesional) o por no subir los impuestos (cuando en los últimos años nunca se plantearon reducirlos).

Diego Márquez también habló sobre el precio de los productos y los intermediarios: “Efectivamente, el encarecimiento de los productos alimenticios se debe, fundamentalmente, a la existencia de intermediarios.
En toda esa amplia escala comercial que se interpone entre el productor y el consumidor está la verdadera causa del encarecimiento de los alimentos. Posiblemente sea necesaria la presencia de alguno de estos intermediarios, pero es perfectamente factible la eliminación de la mayor parte de ellos en el proceso comercial de los productos alimenticios.
Ahora mismo, como mínimo existen en este proceso los siguientes intermediarios: transportista, almacenista, mayorista, minorista, asentadores, representantes, comerciantes, etc.
Pienso que alguno de ellos, dentro de otro tipo de economía general naturalmente, podrían ser eliminados como intermediarios en este proceso, en un gran número de productos. Incluso algunos productos admiten la venta directa del productor al consumidor, con unas mínimas ayudas administrativas puestas a disposición del productor, que sustituirían con ventaja a muchos intermediarios”.
Nuevamente, la postura de Diego Márquez sobre la economía sigue siendo válida. A lo anterior añadiría que la desaparición de los empleados no tendría por qué significar un aumento del desempleo, ya que esas personas perfectamente podrían pasar a formar parte del sindicato profesional en el que estuviese encuadrado el producto que transportaban o representaban y realizar esa labor desde allí (sólo que, evidentemente, retribuida de una manera que no provocara las elevadas subidas de precios que estamos acostumbrados a ver).

En cuanto a la nacionalización de los servicios públicos y la oposición a los monopolios privados, lo defendido por Diego Márquez vuelve a ser de plena vigencia en la actualidad: “Siempre nos hemos manifestado partidarios de la nacionalización de los servicios públicos, entendiendo por tales aquellos que de alguna manera inciden en la satisfacción de necesidades que hoy se consideran indispensables. Así entendemos que el agua, el gas, la energía, etc., son elementos indispensables para un desarrollo normal de la vida humana a nivel de los tiempos en que vivimos; han adquirido categoría de necesidades perentorias para el hombre de hoy y por ello no se puede especular con algo que está cubriendo un aspecto importantísimo del desarrollo humano. No puede hacerse negocio con las necesidades del hombre Y menos aún si ese negocio se hace aprovechando una situación de exclusividad, de monopolio, imponiendo las condiciones de forma unilateral y, por supuesto, atendiendo primordialmente, no al interés del pueblo al que va destinado ese servicio, sino al del capitalista que ha invertido en ello pensando en alcanzar unos sabrosos beneficios.
En cuanto a los casos concretos de tabacalera y petróleos opinamos del mismo modo; no es tolerable que exista ningún tipo de monopolios en donde se estén produciendo beneficios para unos determinados accionistas que, en definitiva, están invirtiendo su dinero sin ningún riesgo, con todas las ventajas de su parte y sabiendo que el único peligro que corre su capital es el de que algún ejercicio se cierre con unos beneficios menos altos que de costumbre.
Pero, quizá haya muchos más monopolios en todas las ramas de actividades económicas o mercantiles que, sin presentarse con la denominación de monopolios, actúen realmente como tales.
Posiblemente el arma preferida por el capitalismo español sea precisamente esa: actuar monopolísticamente en cualquier actividad lucrativa, puestos de acuerdo previamente los propietarios del dinero, para evitarse la libre competencia que dicen defender”.

También sigue siendo de plena actualidad lo afirmado acerca de las empresas multinacionales: “El capitalismo es una internacional que actúa allí donde encuentra unas posibilidades económicas que puedan redundar en una mayor obtención de beneficios.
Las "multinacionales", en definitiva, son un claro exponente y una clara consecuencia de esta afirmación. Por ello no es raro ver como de un tiempo a esta parte han proliferado en España este tipo de empresas, y como si las cosas discurren por los cauces previstos en los altos conciliábulos del capitalismo internacional, en un futuro inmediato se van a multiplicar ampliamente.
Por tanto, no debe extrañar que nosotros nos mostremos contrarios a la inversión extranjera en España y a las grandes multinacionales, ya que no queremos que nuestra Patria soporte mediatizaciones extranjeras ni trato colonial en lo económico ni, mucho menos, en lo político”.
Los intereses de las empresas multinacionales, por mucho que algunas tengan filiales en nuestro país, no son los de España, como ya advirtió José Antonio Primo de Rivera el 26 de enero de 1936 en Zaragoza: “Mucho cuidado con invocar el nombre de España para defender unos cuantos negocios, como los intereses de los bancos o los dividendos de las grandes empresas”.

Por otro lado, igualmente sigue siendo válido el juicio de Diego Márquez sobre el capitalismo en su función de grupo de presión a la clase política: “Considero al capital como un grupo de presión política. Y lo creo así porque llevamos viviendo muchos años en un sistema político claramente capitalista. Este sistema habrá adoptado a lo largo del tiempo diferentes formas, según las circunstancias históricas que se han ido atravesando y así hemos tenido repúblicas liberales, monarquías constitucionales, dictaduras, sistemas democráticos o sistemas personalistas, pero lo que es indudable es que en cualquiera de ellos, dominando la situación y marcando la línea política a seguir, sin aparecer como partido político o como fuerza social, ha estado siempre el capital presionando, influyendo, amenazando o prometiendo y llevando siempre por encima de todo hasta las últimas consecuencias la defensa de sus intereses económicos.
El capital, por otra parte, como grupo de presión política, se ha desentendido siempre de los problemas del pueblo español y no sólo esto, sino que ha ido sustituyendo la propiedad humana, familiar, gremial, municipal, por la absorción de todo el contenido económico, en provecho de unos grandes aparatos de dominación donde la presión humana directa está sustituida por la presión helada, inhumana, del título escrito, de la acción, de la obligación y de la carta de crédito.
¿Cómo puede defenderse el ciudadano? Teniendo el valor de desmontar el capitalismo.
He aquí, como decía José Antonio, una grande y bella tarea para quienes de veras consideren a la Patria como un quehacer común: aligerar su vida económica de la ventosa capitalista, llamada irremediablemente a estafar en comunismo; verter el acervo de beneficios que el capitalismo parasitario absorbe, en la viva realidad de los productores auténticos; ello nutriría la pequeña propiedad privada, libertaría de verdad al individuo, que no es libre cuando está hambriento y llenaría de sustancia económica las unidades naturales de convivencia: la familia, con su propiedad familiar; el municipio, con su patrimonio comunal rehecho y el sindicato, no simple representante de quienes tienen que arrendar su trabajo como una mercancía, sino beneficiario del producto conseguido por el esfuerzo de quienes lo integran”.

El punto de la nacionalización de la banca, sin embargo, podría decirse que es de los pocos que han sido aceptados y defendidos históricamente por todos los falangistas: Los nacionalsindicalistas somos partidarios, sin ninguna duda, de la nacionalización de la Banca. Hay dos cosas, en lo económico que nos definen y nos distinguen de otras ideologías: la decisión de ir, progresiva, pero activamente, a la nacionalización del servicio de Banca y el propósito resuelto de llevar a cabo, a fondo, una verdadera revolución agraria.
Concretándonos al tema de la nacionalización de la Banca partimos de la afirmación siguiente: el dinero de los españoles debe estar al servicio de todos, no de unos cuantos y los beneficios que reduzca deben revertir sobre todos, no sobre una minoría. Pensamos que la Banca realiza un fabuloso negocio privado prestando dinero, que no es suyo, con un interés medio del 10 %, pagando a su vez, a los dueños de ese dinero, un interés medio del 1 %. Esa gran diferencia que la Banca cobra por pasar el dinero de una mano a otra, diferencia que pagamos entre todos, sirve a esta Banca para montar sus propios negocios, sus propias empresas y así no es de extrañar que los bancos españoles más importantes, tengan en sus manos más del 60% de la industria nacional.
En un sistema nacionalsindicalista, la Banca nacionalizada, que no tendría entre sus objetivos el hacer sus propios negocios, sería la que financiaría las empresas familiares, las empresas sindicales y las grandes empresas nacionales, y así el dinero de los españoles redundaría en beneficio de todos, crearía trabajo y riqueza para todos y cumpliría eficazmente la función social que debe ser su más fundamental objetivo.
El secreto bancario es una consecuencia del sistema capitalista. El banco debe dar confianza al cliente para que deposite en él sus fondos y naturalmente, en un sistema capitalista liberal el que tiene dinero, al menos en unas cantidades de cierta importancia, no quiere que se conozca su cuantía por muchas razones, entre las cuales quizá alguna estuviese relacionada con una política fiscal más severa que la que se disfruta en España.
(…)
No sólo considero acertada una política de nacionalizaciones, sino que la estimo necesaria. Naturalmente una política de este tipo requiere un ordenamiento jurídico-político que la haga posible y unos planteamientos sociales y culturales que estén, asimismo, adecuados para esa gran transformación que hiciese posible el perfecto engranaje de todos los aspectos políticos, económicos y sociales del problema.
Su alcance debería ser todo lo amplio posible, de modo que cubriese, fundamentalmente, el servicio de crédito con la nacionalización de la Banca, las materias primas, los servicios públicos, los seguros, los monopolios, etc., y en el aspecto cultural y educacional la enseñanza en todos sus grados.
Repito que todo ello debe obedecer a una política revolucionaria transformadora de las actuales estructuras socio-económicas y que sin esta previa transformación de la propia sociedad resultaría imposible llevar a buen puerto una política de nacionalizaciones como la que propugnamos los falangistas”.
Y es que, probablemente, la nacionalización de la banca como paso imprescindible para la Revolución Nacional Sindicalista es uno de los argumentos que nunca perdieron validez desde el pasado y tampoco la perderá en el futuro, sobre todo cuando vemos los beneficios que obtiene la banca privada a costa de los ahorradores.

Continúo aceptando como válidos y vigentes los argumentos de Diego Márquez sobre la política fiscal y la lucha contra la fuga de capitales al extranjero: “Opino que una política fiscal justa, incluso dentro de un sistema capitalista, debe gravar, fundamentalmente, los grandes beneficios de las grandes sociedades anónimas, los artículos de lujo, las grandes rentas de los grandes patrimonios, los grandes capitales, los latifundios, sobre todo los dedicados exclusivamente a cacerías, los solares sin edificar, los gastos superfluos o suntuarios, los signos de riqueza, etc. En definitiva, debe gravarse, y fuertemente, todo aquello que supongan unos beneficios excesivos o unos gastos innecesarios para llevar una vida digna e incluso confortable, acentuando los gravámenes, como antes decíamos, en las rentas del capital.
Pero para que esta política fiscal fuese verdaderamente justa, debería desgravar, en el máximo posible, la imposición directa sobre salarios y sueldos; el impuesto sobre el rendimiento del trabajo personal, enunciado que ya en sí encierra una manifiesta injusticia, porque el pagar impuestos por trabajar es una aberración propia del sistema capitalista que carga la política impositiva sobre el trabajo para descargarla, todo lo posible, del capital y de sus rentas, debe desaparecer.
Si a esto añadimos que el capital intenta por todos los medios burlar a la Hacienda pública para pagar los menos impuestos posibles, llevando sus dobles contabilidades y contando con la colaboración de expertos en Derecho Fiscal, nos encontramos con una política fiscal en España que, como casi todo, tiene que recaer sobre los abrumados hombros del trabajador.
Efectivamente existen medios para luchar contra el fraude fiscal, pero me temo que los que debieran arbitrar estos medios son los mismos que defraudan, desde los Consejos de
Administración de las grandes sociedades anónimas, al Estado español que, por otra parte, dirigen desde sus grupos de presión.
(…)
El hecho de sacar dinero español de nuestra Patria, para invertirlo en otros países, cuando en España estamos atravesando un momento económico verdaderamente angustioso y ese dinero empleado en el interior podría, en alguna medida, crear trabajo y riqueza, atenuando un tanto la dificultad económica del momento, es una acción condenable que, por otra parte, debe evitarse por todos los medios. Creo que unas medidas duras, de confiscación del capital y de carácter penal, contra los que evaden grandes sumas a otros países, deberían ser adoptadas inmediatamente. Al mismo tiempo debería iniciarse una acción de investigación seria y eficaz para averiguar quiénes han sido y son los que sacan dinero de España y sobre ellos descargar todo el peso de la Ley, que, como antes digo, debe ser dura para los que tales actividades antisociales desarrollan”.

En cuanto a la Reforma Agraria, Diego Márquez expuso los argumentos que en su día defendió José Antonio Primo de Rivera: “Los falangistas entendemos que en España es necesaria una Reforma Agraria. Y entendemos también que una Reforma Agraria es algo más que ir a la parcelación, a la división de los latifundios o a la concentración de los minifundios. La Reforma Agraria es una tarea más grande, más ambiciosa, mucho más completa; es una empresa atrayente y magnífica que, probablemente, sólo se puede realizar en coyunturas revolucionarias.
(…)
Hay que empezar por esclarecer cuáles son las áreas habitables y cultivables del territorio nacional, y dentro de estas áreas hay que volver a perfilar la unidad de cultivo. No es cuestión de latifundios ni de minifundios; es cuestión de unidades económicas del cultivo.
Hay sitios donde el latifundio es indispensable (no el latifundista) porque sólo el gran cultivo puede compensar los grandes fastos que se requieren para que el cultivo sea bueno.
Hay sitios donde el minifundio es una unidad estimable de cultivo y otros donde es una unidad desastrosa.
En segundo lugar hay que establecer cuáles son las unidades económicas de cultivo más adecuado para cada territorio habitable y cultivable y simultáneamente instalar resueltamente, sin vacilaciones, a la población de España en esas áreas. Esta operación hay que hacerla revolucionariamente, porque, queramos o no queramos, el derecho de propiedad sobre la tierra sufre en estos momentos, ante la conciencia jurídica de nuestros tiempos, una subestimación y, por tanto, no debe ser un obstáculo insalvable el que representen unos determinados títulos de propiedad.
Hay, además, que tener el valor de dejar que las tierras incultivables vuelvan al bosque, devolverlas al pasto, para que renazca nuestra riqueza ganadera, (…); no volver a meter un arado en su pobreza.
Y finalmente, ampliando lo que anteriormente decimos, hay que tomar al pueblo español, hambriento de siglos y redimirlo de las tierras estériles donde perpetúa su miseria.
Hay que instalarle sin demora, sin espera de siglos, como pretenden los reaccionarios, sobre las tierras buenas. Habrá quien pregunte si hay que pagar a los propietarios de estas tierras, o no. Y habrá que contestarles que esto dependerá de las condiciones financieras de cada instante. Pero lo que es indudable es que mientras se determina si estamos o no en condiciones financieras de pagar la tierra, lo que no se puede exigir es que los hambrientos de siglos soporten la incertidumbre de si habrá o no habrá reforma agraria; a los hambrientos de siglos hay que instalarlos como primera medida, luego se verá si se pagan las tierras; pero es más justo y más humano y salva a más número de seres el que se haga la reforma agraria a riesgo de los capitalistas que no a riesgo de los campesinos.
Todas estas consideraciones que fijan la postura falangista sobre la problemática del campo español están expuestas y predicadas por José Antonio en los años 1934 y 1935.
Nosotros hoy, en 1977, las suscribimos y las mantenemos porque creemos firmemente en su vigencia”.
Está claro que la agricultura no conserva actualmente la importancia que tuvo antaño en la economía española, cuando era el pilar sobre el que se sustentaba por ser España un país muy escasamente industrializado; no obstante, continúa siendo un sector económico del que dependen numerosas personas y familias y por ello la propuesta falangista sobre la Reforma Agraria es de rabiosa actualidad. Sin embargo, considero que en ningún caso habría que abonar ninguna compensación a quienes eran propietarios de las tierras sin darles ningún uso. Ya explicó José Antonio el 7 de noviembre de 1935, en un artículo publicado en Arriba sobre la Reforma Agraria, que “habrá que sacrificar unas cuantas familias. No de grandes labradores, sino de capitalistas del campo, de rentistas del campo; es decir, de gente que, sin riesgo ni esfuerzo, saca cantidades enormes por alquilar sus tierras al labrador. No importa. Se las sacrificará. El pueblo español tiene que vivir. Y no tiene dinero para comprar todas las tierras que necesita. El Estado no puede ni debe sacar de ningún sitio, si no es arruinándose, el dinero preciso para comprar las tierras en que instalar al pueblo. Hay que hacer la reforma agraria revolucionariamente; es decir, imponiendo a los que tienen grandes tierras el sacrificio de entregar a los campesinos la parte que les haga falta. Las reformas agrarias como la que rige ahora, a base de pagar a los dueños el precio entero de sus tierras, son una befa para los labradores. Habrán pasado doscientos años y la reforma agraria estará por hacer”.
A lo anterior habría que añadir la hostil actitud hacia los terratenientes de Ramiro Ledesma Ramos en La conquista del Estado el 18 de abril de 1931: “La tierra es de la nación. El campesino que la cultiva tiene derecho a su usufructo. El régimen de la propiedad agraria hasta hoy imperante ha sido un robo consentido y perpetrado por la monarquía y sus hordas feudales.
¡Campesinos: ciento cuarenta y siete grandes terratenientes tienen en sus manos más de un millón de hectáreas de tierra! Toda esta tierra es vuestra. ¡Exigid su nacionalización!
”. No obstante, sí que sustituiría lo del “usufructo” (disfrute de una propiedad ajena) por los diversos tipos de “propiedad” que explicó José Antonio Primo de Rivera, ya que no es lo mismo el derecho a trabajar sobre una tierra que ser su propietario.

Al igual que hizo en la cuestión sobre la configuración del Estado, Diego Márquez rechazó igualmente al Estado Federal por la desigualdad que provocaría entre las regiones con más recursos y las regiones más empobrecidas: “Nadie es propietario de una ciudad, de una provincia o de una región por el hecho de haber nacido en ella. Si a esto añadimos que por circunstancias tan diversas como el clima, el subsuelo, la situación geográfica, limitando con otros países, pobres o ricos, o limitando con la costa, la preferencia o la protección de los sistemas o gobierno de turno, etc., las provincias o las regiones españolas se dividen en pobres y ricas, nos encontramos con que existe un auténtico problema en el caso de concesión de una autonomía regional en los aspectos económicos y fiscales a algunas o a todas ellas.
Ante ello cabe preguntarse si nos es lícito abandonar a su suerte a aquellas regiones menos favorecidas por las circunstancias antes señaladas y condenar a sus naturales a una vida subdesarrollada o a una emigración a otras provincias más ricas, como ya sucede, donde poder vender sus fuerzas físicas o intelectuales para así poder atender a su propia subsistencia y a la de sus familiares.
Nosotros, los falangistas, entendemos que no es justo que esto suceda. España es un navío en donde todos estamos embarcados desde hace muchos siglos y donde todos debemos intentar llegar a buen puerto, sin tirar a nadie por la borda y sin permitir que algunos abandonen el barco a bordo de algún lujoso yate.
Y entendemos también que, no quizá en un Estado descentralizado, pero sí en un
Estado federal, podría darse el caso de que algunas regiones quedasen postergadas en su desarrollo económico y social en beneficio de otras que, en definitiva, ya gozan, incluso en este Estado centralista, de las más altas rentas "per cápita" de la nación.
Para evitar esta postergación habría de arbitrarse una política de preferente atención a los problemas de estas regiones pobres, a cuya resolución debería contribuir decisivamente no sólo el Estado, sino también las regiones ricas, en un movimiento de solidaridad humana, que nosotros pensamos que sigue siendo una de las virtudes más acusadas del puedo español.
Todo ello sin detrimento, como también hemos dicho con anterioridad, de que se procure la descentralización administrativa y la autonomía fiscal, por una parte, y se potencian las lenguas, las culturas y las traiciones, de las diversas regiones que componen España, por otra”.
De lo anterior hay un punto que sería conveniente cuestionar. Diego Márquez valora la posibilidad de que algunas regiones contaran con autonomía fiscal, pero actualmente Vascongadas y Navarra cuentan con una serie de privilegios fiscales que en nada contribuyen a la solidaridad entre las regiones (más bien, son utilizados como excusa para fomentar todavía más el separatismo). Por lo tanto, desde el punto de vista de la justicia que defendemos los falangistas, no sería lógico que algunas regiones de España estuviesen exentas del pago de algunos impuestos u otras medidas similares.

Diego Márquez también expuso varias propuestas sobre la educación y la enseñanza que son perfectamente asumibles para los falangistas de hoy, a las cuales habría que hacer también algún comentario o aportación, para aclarar alguna postura o para proponerla de cara al desarrollo doctrinal: “Habría que dedicar gran parte del presupuesto nacional a la investigación, ya que a la larga, nos libraría de sumisiones y colonialismos hacia otras naciones y propiciaría la autonomía (…) de nuestro país”.
La cultura debe estar al alcance de todos, no sólo de los poderosos económicamente, y debe posibilitar la formación humana e intelectual de los trabajadores y de sus hijos.
Los fines fundamentales que debe perseguir una política cultural y de enseñanza, tal y como nosotros la concebimos, han de ser las siguientes:
- Proporcionar a todos los españoles una preparación que los capacite para desarrollar un trabajo con el que poder ganarse la vida.
- Posibilitar el acceso a los más altos grados universitarios a todos aquellos que demuestren una capacidad suficiente.
- Cultivar el espíritu y la inteligencia de todos los españoles para que puedan participar de los bienes espirituales de la cultura en sus más elevadas manifestaciones.
- Promover la investigación en todos los campos técnicos, científicos y sociológicos para que España ocupe el lugar que, por historia y por cultura, le corresponde en el mundo de la inteligencia.
- Considerar la ciencia, no como algo encerrado en un aislamiento engreído, sino en función de servicio a la totalidad patria.
- Y finalmente, considerar la Universidad no como una oficina de expedición de títulos, sino como un organismo vivo de formación total”.
Creemos que la enseñanza es una función social que debe ser desarrollada desde el propio Estado.
Los planes de estudios, tanto a niveles básicos, como medios, como superiores, deben ser elaborados siguiendo un criterio unitario, aunque recabando para ello el concurso de las personas e instituciones más cualificadas en cada materia.
Por otra parte, los títulos, también en todos sus grados, deben ser concedidos por el
Estado. El hecho de que otras instituciones pudiesen emitir títulos escolares, profesionales o universitarios, podría prestarse a favoritismos, tanto en el momento de concederse, como después en la proyección profesional del titulado.
También es necesaria la intervención del Estado en un tema tan importante como es el de la formación del personal docente, selección del mismo y provisión de cátedras. En este sentido no somos partidarios de las cátedras vitalicias, sino que estimamos más eficaz el sistema de contrato por un determinado período de tiempo, prorrogable, tanto como se estime conveniente, en caso de que el profesor contratado demuestre su dedicación y su capacidad pedagógica y científica”. Deduzco, a raíz de lo expuesto por Diego Márquez que en sus planes no entraban las instituciones de enseñanza de la Iglesia Católica o los organismos educativos privados. Por un lado la propuesta de Diego Márquez sería positiva: al encontrarse toda la educación bajo el control de la institución estatal, todos los jóvenes recibirían la misma enseñanza independientemente de la situación económica de los progenitores, algo que podría beneficiar a la juventud al valer más sus resultados académicos que el prestigio del colegio donde estudiaron. De esta forma, sí es cierto que se podría acabar con el elitismo de las clases pudientes al ser educados los hijos de todos al mismo nivel, algo que hace muchos años denunció Ceferino Maestú en su trabajo El pensamiento sindicalista de los falangistas de Primo de Rivera: “Los hijos de los trabajadores van a las escuelas nacionales o no van a ninguna; los hijos de las clases llamadas acomodadas asisten a colegios de religiosos y de pago. En la segunda enseñanza, por regla general, se mantienen sólo los hijos de los sectores acomodados, que son los que llegan también, en su mayor parte, a la universidad. Bien es verdad que hay excepciones, por becas, heroísmos personales, etc…, pero esto viene precisamente a confirmar el esquema”. Afortunadamente, la situación ha cambiado en las últimas décadas pero la actual crisis económica va camino de fomentar y justificar la tendencia contraria.
Probablemente parecerá que esto es contrario a la doctrina falangista, pero revisando los puntos 23 (“Es misión esencialmente del Estado, mediante una disciplina rigurosa de la educación, conseguir un espíritu nacional fuerte y unido e instalar en el alma de las futuras generaciones la alegría y el orgullo de la Patria”) y 25 (“Nuestro Movimiento incorpora el sentido católico—de gloriosa tradición y predominante en España a la reconstrucción nacional. La Iglesia y el Estado concordarán sus facultades respectivas, sin que se admita intromisión o actividad alguna que menoscabe la dignidad del Estado o la integridad nacional”) de los veintisiete puntos de la primera Falange Española de las JONS nos encontramos con que se otorga al Estado la responsabilidad de la educación, que inculcará una serie de valores existentes en el movimiento falangista (entre ellos el sentido católico). Como podemos ver, en el reparto de funciones que hubiese existido entre Estado Nacional Sindicalista e Iglesia Católica la Educación era algo reservado para el primero.
El problema que hoy nos encontramos con la enseñanza es que los centros educativos privados vienen a ofrecer un servicio que no puede ser cubierto completamente por el Estado y, de seguir esa situación en el futuro, sería muy complicado aspirar a la completa responsabilidad estatal en la enseñanza. Por otra parte, he de dejar bien claro que cuando defiendo que el Estado sea el único responsable de la enseñanza lo hago refiriéndome a un Estado Nacional Sindicalista y no al actual.
Sigue explicando Diego Márquez: “Decididamente somos partidarios de la gratuidad de la enseñanza.
Partimos para ello de la afirmación de que la cultura es un bien espiritual, de primera necesidad, que debe alcanzar, por igual, a todos los hombres y mujeres que habitan nuestra patria. Para que la cultura alcance a todos, no cabe duda de que ha de ser gratuita.
Pensamos que la mejor inversión que puede hacer una sociedad moderna es la que dedique a cultivar el espíritu y la inteligencia de sus componentes. Una nación con un alto grado de cultura en sus habitantes tiene las máximas posibilidades para alcanzar en plazos cortos unos aceptables niveles en su desarrollo económico y social. Una sociedad inculta está condenada al subdesarrollo y expuesta, por tanto, a todo tipo de colonialismos. Creemos que, simplemente con esta consideración, no es necesario insistir más en la importancia que tiene la investigación de medios económicos y de todo tipo en la enseñanza.
Ahora bien, el destinatario de esa enseñanza gratuita, el pueblo, debe demostrar una capacidad para alcanzar los distintos niveles de la misma.
Entendemos, por tanto, que el alcance de la enseñanza gratuita debe ser total y que los beneficiarios de la misma, todos los españoles, no deben sufrir más criterio de selección que el de su propia capacidad, voluntad e inteligencia. El hombre o la mujer que demuestre a lo largo de sus estudios poseer estas cualidades debe alcanzar los más altos prados universitarios, aunque no disponga de medios económicos. El hombre o la mujer que no demuestre estas cualidades debe quedarse a los niveles que haya logrado alcanzar, sin llegar, por supuesto, a los más altos, aun cuando disponga de medios económicos en abundancia
La Universidad debe ser considerada no como una oficina de expedición de títulos, sino como una institución viva y en continuo proceso de perfeccionamiento que ofrezcan a los que a ella acceden una formación total y universal.
Un primer e importante objetivo, por tanto, será el de proporcionar a los universitarios, una formación completa en cuanto a la ciencia que, específicamente, van a aprender y en la cual se van a titular.
Un segundo objetivo, tan importante como el anterior, será el de proporcionar a los que a ella acceden, una formación humana, social y cultural, lo más universal posible, promoviendo, para ello, toda serie de actividades deportivas, culturales y recreativas debidamente programadas y aplicadas a complementar su específica formación profesional.
Otra meta a alcanzar sería la de despertar inquietudes de todo tipo en los universitarios, de modo que, paralelamente a su formación profesional, fuera desarrollado otro tipo de vocaciones o de aficiones que, de alguna manera, satisfaciesen esas inquietudes.
Finalmente, el gran objetivo de esta Universidad popular sería el de preparar a los universitarios para que, después, una vez insertados en la sociedad que hizo posible con su esfuerzo y con su sacrificio económico el que ellos alcanzasen la categoría de titulados universitarios, pusiesen su preparación, sus conocimientos, sus técnicas y su cultura al servicio de ese pueblo que les ayudó a conseguir esa situación de privilegio espiritual que supone llegar a dominar la ciencia y la cultura
Al igual que en materia económica, consideró (tras haber leído el trabajo Círculos José Antonio) que Diego Márquez nos ha dejado a los falangistas unos argumentos muy sólidos y válidos para proponer un nuevo modelo de enseñanza a la sociedad española.

Igualmente, la propuesta que plantea sobre la protección de la infancia sigue siendo válida hoy: “Creo que la infancia es el futuro del país, por lo que desatender este aspecto social es un gravísimo error que un sistema político serio y riguroso no debe cometer.
Se vuelca excesivamente la atención en la juventud como protagonista del futuro, actitud que indudablemente es acertada, pero entiendo que se descuida, también excesivamente, la política de la infancia.
Muchas veces algunos sectores de opinión se quejan de las posturas juveniles y critican duramente estas posturas. Realmente tales situaciones, en ocasiones negativas, se verían superadas o al menos atenuadas si se hubiese programado previamente una seria política para la infancia.
En una política de este tipo creo que sería ineludible atender a los siguientes aspectos:
- Atención al hecho de la natalidad, arbitrando todos los medios necesarios para erradicar totalmente la mortalidad infantil.
- Control riguroso médico-sanitario de todos los niños en edad de vacunación, para prevenir cualquier tipo de enfermedad epidemiológica.
- Promoción de guarderías infantiles, colonias preventoriales, albergues de montaña, campamentos de verano, actividades de juegos deportivos y al aire libre, respondiendo todo ello a una planificación previa que haga posible que se beneficie de ello toda la infancia española.
- Planificación de grandes campañas de iniciación cultural y deportiva que permitan una formación, a nivel infantil, suficiente para despertar en la infancia aficiones e inquietudes complementarias de su posterior formación profesional.
- Atención preferente a una auténtica literatura, cinematografía y programas de TV y teatrales dedicados a la infancia.
Todo ello y algunos aspectos más, que pedagogos, sociólogos y médicos podrían sin duda enunciar más exhaustivamente, debería ser objeto de una Ley de la Infancia que regulase, en definitiva, los derechos del niño”.

No negaré que en alguna respuesta de Diego Márquez hay un discurso que puede resultar similar al del feminismo progresista actual, sobre todo por el empleo de ciertos términos tan del agrado de la izquierda moderna (como es el caso de “retrógrado”. Sin embargo, no podemos olvidar el ideal de justicia del falangismo y la participación de la mujer en nuestro proyecto político. Hispaniainfo publicó a comienzos de este mes de agosto un artículo sobre Mercedes Fórmica, la mujer que manifestó que “confundir el pensamiento de José Antonio con los intereses de la extrema derecha es algo que llega a pudrir la sangre. Fue la extrema derecha quien le condenó a muerte civil, en espera de la muerte física, que a su juicio merecía” y que logró importantes reformas en el Código Civil para la mejora de la situación de la mujer. Pero también conviene saber lo que manifestó Mercedes Fórmica sobre José Antonio antes de explicar la postura de éste: “Sobre el supuesto antifeminismo de José Antonio y la tesis, tan difundida, de querer a la mujer en casa, poco menos que con la «pata quebrada», debo decir que no es cierto. Forma parte del proceso de «interpretación» a que fue sometido su pensamiento. Como buen español, sentía recelo hacia la mujer pedante, agresiva, desaforada, llena de odio hacia el varón. Desde el primer momento contó con las universitarias y las nombró para cargos de responsabilidad”.
El 28 de abril de 1935, en Don Benito (Badajoz), José Antonio pronunciaba las siguientes palabras: “La galantería no era otra cosa que una estafa para la mujer. Se la sobornaba con unos cuantos piropos, para arrinconarla en una privación de todas las consideraciones serias. Se la distraía con un jarabe de palabras, se la cultivaba una supuesta estúpida, para relegarla a un papel frívolo y decorativo. Nosotros sabemos hasta dónde cala la misión entrañable de la mujer, y nos guardaremos muy bien de tratarla nunca como tonta destinataria de piropos.
Tampoco somos feministas. No entendemos que la manera de respetar a la mujer consista en sustraerla a su magnífico destino y entregarla a funciones varoniles. A mí siempre me ha dado tristeza ver a la mujer en ejercicios de hombre, toda afanada y desquiciada en una rivalidad donde lleva –entre la morbosa complacencia de los competidores masculinos– todas las de perder. El verdadero feminismo no debiera consistir en querer para las mujeres las funciones que hoy se estiman superiores, sino en rodear cada vez de mayor dignidad humana y social a las funciones femeninas”. Los detractores de José Antonio, cuando leen estas palabras, argumentan despectivamente que se refiere a que las mujeres han de encargarse del cuidado de los hijos y de la familia. Y así es. Pero no estaría nada mal decirles: ¿Y eso qué tiene de malo? Al fin y al cabo, sin futuras generaciones y sin familias no puede haber ninguna sociedad que avance; es más, a la mujer se la estaría destinando a una importante labor de construcción patria. Lo que sucede es que la labor de cuidar una familia es algo que no genera ningún beneficio económico y eso, en una sociedad cada más materialista y avariciosa, no puede estar bien visto. Por otra parte, no es nada extraño que se encomiende a la mujer la importante tarea de cuidar y educar a los hijos (sin olvidar el papel del hombre en la labor, por supuesto). ¿Acaso no es la mujer quien lleva en su vientre a la nueva generación, la trae al mundo y presenta unos lazos afectivos muchísimo más fuertes que cualquier otra persona?
Un servidor, igual que Mercedes Fórmica, no defiende que las mujeres tengan que estar encadenadas a la cocina y que sean sirvientas del marido. Pero, como defendía José Antonio, considera que el importante vínculo entre la mujer y sus hijos ha de ser respetado y fomentando, despreciando a ese feminismo que insiste en que la mujer adquiera mentalidad de hombre y se preocupe, por encima de todos los demás, en obtener un trabajo con un elevado salario.
Una vez dejado claro todo lo anterior, reproduzco la respuesta de Diego Márquez sobre la mujer y el trabajo: “La situación socio-laboral de la mujer en el trabajo debe serla misma que la del varón.
Las razones para entenderlo así son fundamentalmente las mismas que apuntábamos antes y la solución del tema planteado debe ser también la misma que señalábamos.
No hay motivo justo suficiente para mantener discriminaciones laborales entre hombre y mujer y mucho menos para que tales discriminaciones se acentúen y adquieran carácter legal, en el momento de la ocupación de altos cargos directivos en las empresas, o en el momento de fijar los sueldos de los trabajadores. También en estos casos el trato más desfavorable corresponde a la mujer.
Hay que plantearse seriamente el problema y analizar si a estas alturas, ya de cara al año 2000, es lógico mantener todavía a la mujer en una situación de inferioridad respecto al hombre, si no es absurdo mantener el criterio incivilizado y salvaje de que la mujer no puede desempeñar el mismo papel y con la misma eficacia que el hombre en cualquier orden de la vida y de la sociedad, si no es injusto e inhumano seguir aplicando los preceptos legales y jurídicos con mayor rigurosidad a la mujer que al hombre, si no resulta ya repugnante el seguir manteniendo un ordenamiento jurídico machista, creado por el hombre, dedicado al hombre, y convirtiendo al hombre en eje y protagonista de todo el Derecho. Con un agravante: que todo ello podría interpretarse como la consecuencia de un inconfesado complejo de inferioridad del hombre ante la mujer.
En cuanto a las cargas subsiguientes a la maternidad opino que no son tales cargas y que, en todo caso, son cargas que deben afrontar tanto la mujer como el hombre y que, por supuesto, deben soportar y resolver juntos. La superación de las mismas debe correr a cargo del Estado, de la Seguridad Social y de las propias empresas, organismos, todos ellos, que deben constituir fondos suficientes para atender a la resolución de tema tan importante”.
Jorge Garrido San Román, en su trabajo Manifiesto Sindicalista, defendía lo siguiente sobre la retribución económica de los trabajadores: “El Nacionalsindicalismo no cree que deba haber un modelo único de retribución proporcional al valor del trabajo realizado. Este modelo debe ser el pilar fundamental, y debe constar de una cantidad fija (el adelanto del beneficio final, necesario para vivir), y otra variable (según la cantidad de beneficios finales, la participación efectiva de cada uno en ellos y la categoría profesional de cada trabajador), pero junto a este tipo de retribución basada en la justicia conmutativa (lo que corresponde al valor de lo producido por el trabajo realizado), tiene que haber otra basada en la justicia equitativa: la retribución familiar. Ésta se basará en el principio de que el hombre tiene derecho a ganar lo suficiente para el sustento de los suyos, según establece de forma obligatoria la Doctrina Social de la Iglesia para poder calificar un salario como justo; es una desigualdad maravillosa que igualará a los hombres ante las desigualdades de la vida; a unos más y a otros menos, pero a todos según sus necesidades. Para el derecho a este tipo de retribución, los familiares del cabeza de familia a tener en cuenta serán el cónyuge, los hijos y los demás familiares de primer grado, debiendo todos ellos no ser trabajadores, claro. Evidentemente esto variará en el caso de dos cabezas de familia (cuando trabajan ambos cónyuges; a fin de cuentas se trata de que si ambos trabajan no sea por necesidad para poder mantener a la familia”. De lo anterior podemos decir que en un Estado Nacional Sindicalista sí podría darse el caso de que un hombre ganara más dinero que una mujer o viceversa; ahora bien, ello estaría justificado en las mayores o menores necesidades que padeciera el trabajador (o trabajadora) a la hora de sostener económicamente a su familia. Muy distinta es la situación en el actual Estado liberal: la injusta diferencia salarial entre hombre y mujer ha sido un beneficio extra para el capitalista, de manera idéntica a lo sucedido entre trabajadores nacionales y trabajadores inmigrantes; de esa manera, la labor del falangismo dentro del sistema económico capitalista debe ser la de exigir una igualdad salarial para todas las personas que se encuentren en la misma situación profesional, independientemente de su sexo o lugar de origen (por supuesto, teniendo siempre muy presente que nuestra aspiración es la desmantelación del capitalismo y la supresión del salariado por el modelo retributivo que explicaba Jorge Garrido).

Diego Márquez expuso una buena parrafada sobre el divorcio, la cual voy a separar en partes para realizar las respectivas anotaciones:
Creo que, efectivamente, es necesaria y conveniente la existencia del divorcio. Esta afirmación, por supuesto, la hago a título personal, ya que en este tema, no estrictamente político y desde luego, no doctrinal, cabe la discrepancia entre los miembros de un mismo partido político”. Puedo aceptar que Diego Márquez hiciese esas declaraciones desde un punto de vista personal, pero erraba al decir que no era un tema doctrinal. El 12 de noviembre de 1933, en un discurso que pronunció en Cádiz, José Antonio argumentaba que “con el divorcio ya es el matrimonio la más provisional de las aventuras, cuando la bella grandeza del matrimonio estaba en ser irrevocable, estaba en ser definitivo, estaba en no tener más salida que la felicidad o la salida de la tragedia, porque no saben muy bien de cosas profundas los que ignoran que lo mismo en los entrañables empeños de lo íntimo, que en los más altos empeños históricos, no es capaz de edificar imperios quien no es capaz de dar fuego a sus naves cuando desembarca”. A quien achaca estas palabras a que fueron pronunciadas durante una campaña electoral en la que formaba parte de una candidatura derechista y reaccionaria; no obstante, José Antonio no dejaría de reprochar posteriormente a los conservadores su falta de valor para echar abajo la Ley del Divorcio vigente durante los años republicanos: “Todavía hemos podido ver nosotros en las fachadas de Madrid los carteles con los que las derechas unidas ganaron las elecciones de 1933, en los que, con su sabiduría acreditada, Acción Popular se comprometió, para después del triunfo electoral, con anular la Ley del Divorcio, con introducir el crucifijo en las escuelas, con defender las grandes cosas (Religión, Familia, Orden) amenazadas por la revolución, sin que a los quince meses de su éxito haya logrado imponer casi nada de lo que solemnemente prometía” (10-02-1935); “ Los partidos socialista, comunista y de izquierda republicana saben concretamente por lo que van; pero los de derechas no oponen a aquéllos más que el miedo, el terror a las consecuencias de aquellas doctrinas, pero nada constructivo. Aconsejan que se vote por el miedo de lo que pueda pasar.
Se aliaron con los radicales viejos y anticatólicos, y así no fue posible realizar el programa de abolir el divorcio y restablecer el crucifijo en las escuelas” (08-02-1936).
Pero el mayor argumento de José Antonio Primo de Rivera contra el divorcio lo encontramos en un artículo publicado en Arriba el 4 de julio de 1935: “Mientras vamos pensando en elecciones y otras bagatelas, continúa su obra corrosiva de los fundamentos patrios una de las más detestables leyes de las Constituyentes: la del divorcio. Todo iba encaminado en esa ley a dar facilidades; la baratura de las costas, la rapidez del procedimiento (como si no hubiera nada más urgente que disolver a las familias), la multitud de las causas que se pueden alegar y aun la introducción del divorcio sin causa, es decir, por mutuo disenso, por acuerdo amigable adoptado por los cónyuges con la frivolidad con que se decide ir a una verbena.
Todos esos alicientes han producido tal cantidad de pleitos de divorcio como para mover a espanto. Familias de vieja tradición no han reparado a veces en dar el escándalo de promover divorcios. Y otras han llegado incluso a estimular a que lo promuevan gentes de las más humildes y sanas capas populares.
Urge poner coto a esta especie de corrupción, no menos vituperable que la organizada por empresas sin conciencia para alcoholizar a los negros de Africa o a los isleños del Pacífico. Los autores de la ley del divorcio, cautos, sabían muy bien que a las instituciones profundas y fuertes, como la familia, no se las puede combatir de frente, sino que hay que ablandarlas por el halago de la sensualidad y minarlas por procedimientos insidiosos. Así, no se les hubiera ocurrido predicar de modo directo la inmoralidad familiar, pero sí se cuidaron de fomentarla solapadamente con leyes como la del divorcio.
Desde el punto de vista religioso, el divorcio, para los españoles, no existe. Ningún español casado, con sujeción al rito católico, que es el de casi todos los nacidos en nuestras tierras, se considerará desligado del vínculo porque una Audiencia dicte un fallo de divorcio. Para quienes, además, entendemos la vida como milicia y servicio, nada puede haber más repelente que una institución llamada a dar salida cobarde a lo que, como todas las cosas profundas y grandes, sólo debe desenlazarse en maravilla de gloria o en fracaso sufrido en severo silencio”. Por lo tanto, como podemos comprobar, el divorcio es algo que no puede ser asumido como algo válido desde el punto de vista doctrinal del falangismo.
Continúa diciendo Diego Márquez:
Verdaderamente, y aunque sea caer una vez más en lo tantas veces repetido, creo que no se puede condenar a vivir juntos, toda la vida, a dos personas que por las circunstancias que han dejado de quererse y que, en muchos casos, se hacen, mutuamente, la vida imposible Hay que dar una solución a esa situación, que, desgraciadamente, se produce cada vez con más frecuencia.
Hay quien piensa que, sobre todo, hay que salvaguardar y proteger a la familia y esto, así enunciado, creo que es admisible por todos. Pero lo que es indudable es que una familia en donde las situaciones de violencia se suceden continuamente, donde los disgustos y altercados están a la orden del día y donde se descuida, precisamente por darse esa situación, la educación de los hijos, debe buscar una solución lógica y no tratar de mantener un estado de cosas que, en definitiva, la está descomponiendo y está imposibilitando el desarrollo normal de los propios hijos”. La solución a esos problemas a los que aludía Diego Márquez se encuentra en la separación, que supone una alteración para la familia pero no llega a destruirla. Y él mismo habla de esa posible solución antes de introducir la cuestión del matrimonio civil:
Sin embargo, yo estimo que la solución del problema no estriba en que exista o no exista el divorcio debidamente legislado. Creo que la separación conyugal se contempla perfectamente en la legislación española, y de hecho y de derecho existen muchos matrimonios separados.
La raíz del problema, a mi modo de entender, está en la práctica inexistencia del matrimonio civil, y en los condicionamientos tan rigurosos que se exigen a los que quieren contraer este tipo de matrimonio.
Creo que la solución estaría más en posibilitar el matrimonio civil debidamente regulado, disolvible como cualquier contrato en cuanto que las partes estuviesen de acuerdo en esta disolución, que entraría de lleno en lo que en otros países se entiende por divorcio, con lo que los cónyuges podrían contraer posteriores matrimonios, sí así lo deseasen.
El matrimonio canónico, único regulado hasta hace muy poco tiempo por nuestra legislación civil, es prácticamente indisoluble (se dan muy pocos casos de disolución), aun cuando tampoco impide la separación conyugal. Lo que no permite, después de conseguida esa separación (no anulación o disolución), es un nuevo matrimonio.
Quedaría, finalmente, a la conciencia de cada cual, sobre todo de los que somos católicos, el cumplir con los preceptos de la Iglesia católica y contraer matrimonio canónico o prescindir de estos preceptos y contraer matrimonio civil”.
Actualmente existe un matrimonio civil junto al matrimonio canónico y no veo inconveniente en que existiera el matrimonio civil en un Estado Nacional Sindicalista, pero ni esa alternativa podría justificar el divorcio. Si la familia es para el falangismo un órgano natural de representación y un pilar de la sociedad, un Estado Nacional Sindicalista (por puro sentido común y por coherencia doctrinal) jamás podría tolerar una ley que debilitara y destruyera a una institución tan importante. Aceptar el divorcio dentro de un Estado Nacional Sindicalista sería como dar por válida y legítima la usura dentro de nuestro sistema económico. Y no podemos considerar aceptable la excusa de que el divorcio sea algo aceptado sociológicamente por la sociedad española, ya que también lo son la democracia liberal, el capitalismo y los secesionismos y no vamos a dejar de luchar contra ellos (es más, precisamente existimos para hacerles frente).

Tras el divorcio, Diego Márquez tocó otro asunto polémico: el aborto. En aquel entonces, no había legislación abortista en España y sólo podía practicarse de manera ilegal o en el extranjero. Lo preocupante es que Diego Márquez dejaba abierta una pequeña puerta al aborto: “Creo que, de una manera objetiva, nadie sería partidario del aborto, salvo en los casos de prescripción médica. Entonces, si esto es así, ¿por qué se plantea este problema?”. Sinceramente, de un cargo falangista me hubiese esperado una respuesta más rotunda, de rechazo a todo tipo de aborto (incluyendo ésos de “prescripción médica). Pero sí comparto lo que expuso a continuación: “Creo sinceramente que el problema se lo ha creado la propia sociedad con su hipócrita puritanismo. Ha condenado, inexorablemente, el hecho tan natural y tan maravilloso, de que una mujer tenga un hijo sin estar casada.
Estoy seguro de que el día que nuestra hipócrita y falsa sociedad sea capaz de superar ese absurdo concepto del honor, los abortos habrán disminuido en un 80 % y el día en que esa puritana sociedad sea capaz de promulgar una legislación protectora de la madre, sea soltera o no, el aborto dejará de existir.
Nos encontramos, entonces, con un problema totalmente artificial: sin ser partidarios de que exista el aborto, vemos que esta práctica va en aumento y, por otra parte, teniendo la solución en la mano, somos incapaces de adoptarla.
Habrá que preguntarse seriamente quién es más culpable, la mujer que se somete al aborto empujada y obligada por los convencionalismos sociales, o los que se empeñan en mantener esos convencionalismos y no tienen la generosidad de comprender y ayudar a la mujer que se encuentra en esa situación.
Mi respuesta es clara: la culpa total y absoluta es de la sociedad que, por falta de generosidad, no resuelve un problema cuya solución tiene en la mano”.
Estoy de acuerdo en que no debe condenarse a ninguna mujer por tener un hijo estando soltera, más que nada porque (al margen de que eso nos parezca mejor o peor) la vida de los no nacidos es lo más importante y ellos no son responsables de las circunstancias en que son traídos al mundo.

Respecto al control de la natalidad, la respuesta de Diego Márquez era la siguiente: “Cabe perfectamente adoptar ante este problema una actitud de cierta liberalidad y dejar al criterio de cada familia la conveniencia de aumentar su número o controlar éste.
Asimismo, desde una perspectiva política o estatal, puede adoptarse una postura semejante, traducida, en todo caso, en una neutralidad que se concrete en una supresión de los premios a la natalidad, aun cuando se mantengan varias ventajas concedidas hasta ahora a las familias numerosas y, por otro lado, se promueva sin gran intensidad, pero con entera libertad, la información y el asesoramiento necesario para una regulación de nacimientos, dejando en último extremo la posibilidad de adoptar una postura u otra al criterio de la propia familia”.
Desde luego, el Estado no puede obligar a nadie a tener hijos si no lo desea. Pero tampoco es razonable que se sustituya la información sobre sexualidad y reproducción por el fomento del sexo libre y el reparto de anticonceptivos artificiales, que es lo que sucede con frecuencia en la enseñanza pública del régimen demoliberal de 1978. Y quiero aprovechar esto para introducir un tema polémico: ¿Qué postura debemos adoptar los falangistas ante los métodos anticonceptivos artificiales? En un mundo donde impera el sexo libre, los anticonceptivos artificiales han sido la excusa perfecta para fomentar la irresponsabilidad y el libertinaje en materia sexual. Y es que no deja de resultar llamativo que el individuo siempre desee hacer lo que le viene en gana, sobre en todo en esta cuestión, pero en cuanto sufre un “accidente”, como son los casos de las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados, acuda pidiendo ayuda y exigiendo al Estado el derecho a que le sea solucionado el problema a través de la sanidad pública (porque en algunas situaciones, como es el caso de las enfermedades de transmisión sexual, sólo es un gasto económico; pero en el caso del aborto se llega al asesinato de un ser inocente que no tiene ninguna culpa de la irresponsabilidad de quienes le engendraron). En resumen, considero que la supresión de los anticonceptivos artificiales y el fomento de la sexualidad responsable y adulta desde el Estado contribuiría a formar a una generación de españoles menos esclava de sus instintos sexuales y, por lo tanto, más libre.

Sobre el problema de la vivienda social y la contaminación, vuelvo a apoyar lo expuesto por Diego Márquez: “A mi modo de ver, el problema de la escasez de viviendas, de viviendas sociales se entiende, tiene su origen en la especulación del suelo. Los constructores, los promotores y las grandes sociedades inmobiliarias intentan conseguir el máximo de beneficios en la construcción y venta de viviendas.
Habría, por tanto, para conseguir una política eficaz y justa que contribuyese en alguna medida a resolver el problema de la vivienda, que dar carácter público al suelo a escala municipal, provincial o estatal, según la situación del mismo.
Esta medida debería afectar a todo el suelo edificable, tanto en las zonas urbanas como en las industriales y de ensanche, impidiendo, con estas normas, debidamente aplicadas y amparadas con el ordenamiento jurídico procedente, cualquier tipo de especulación del suelo.
Al propio tiempo estimo que habría de darse todo tipo de facilidades a los constructores y empresarios que se dedicasen a la promoción de viviendas sociales, eliminando todos los trámites innecesarios en la aprobación de proyectos, aligerando cualquier tipo de cargas e impuestos, e incluso eximiéndoles de su pago, habilitando créditos suficientes para financiar estas realizaciones e imprimiendo la máxima rapidez a la aprobación de planes de ordenación”.
La defensa del medio ambiente contra la contaminación atmosférica o de cualquier otro tipo es un problema angustioso que hay que atajar lo más rápidamente posible.
Sin embargo, se tropieza con serias dificultades a la hora de aplicar medidas correctoras del mismo. Desde el punto de vista urbano, son las grandes ciudades las más afectadas, precisamente porque en ellas se produce una de las causas más importantes: la especulación del suelo.
Esta especulación determina la aparición de ciudades-monstruos que, además, se afirma que tratan de resolver el problema de la superpoblación de las grandes capitales, cuando en realidad lo que producen es una concentración de población incontrolada alrededor de la gran urbe, hecho que unido a la falta de transportes públicos, de escuelas, de puestos de trabajo, de servicios sanitarios, etc., provoca una gran afluencia de tráfico continuo, con el consiguiente y lógico aumento de la contaminación.
Las medidas adoptadas hasta ahora para remediar esta situación han resultado, al menos, insuficientes. La Ley de Protección del Ambiente Atmosférico, que se aprobó con carácter urgente en el año 1972, no ha sido desarrollada, salvo en lo que se refiere a control de contaminación producido por los automóviles.
Nos encontramos realmente en un círculo vicioso donde juegan los intereses económicos, por una parte, y la preocupación de resolver el problema, por otra. Se promueve el consumo de calefacción, automóviles, camiones, transportes aéreos y marítimos, etc., pero esto trae consigo la producción masiva de humos y anhídridos.
Para luchar contra la contaminación entendemos que habría que propiciar la investigación de técnicas eliminadoras de los productos contaminantes, la creación de grandes espacios verdes, la concienciación de los usuarios de elementos productores de contaminación para que evitasen, en lo posible, esta contaminación, la erradicación de los núcleos urbanos de las industrias contaminantes y sobre todo desarrollar la Ley de
Protección del Ambiente Atmosférico en todos sus aspectos”.

Sobre la política cultural que deberíamos defender los falangistas, la propuesta de Diego Márquez me parece muy acertada: “Para conseguir una auténtica y eficaz política cultural hay que tener en cuenta, forzosamente, la realidad socio-económica de España.
Esta realidad nos muestra una sociedad con acusadas diferencias entre sus clases, unos sistemas políticos poco flexibles y una economía capitalista. Con estas condiciones es innecesario afirmar que el acceso a la cultura está reservado únicamente a las clases acomodadas económicamente.
Por tanto, para determinar unas líneas maestras que informasen una auténtica política cultural habría que superar los condicionamientos políticos, sociales y económicos que ahora mismo dificultan esa posibilidad.
No obstante, y suponiendo que estos condicionamientos fuesen superables de algún modo, el Estado debería trazarse las siguientes líneas de actuación:
- Escolarización completa de todos los niños españoles.
- Enseñanza gratuita a todos los niveles con la única limitación de capacidad y de inteligencia de los estudiantes para alcanzar los más altos grados universitarios.
- Promoción de profesores capacitados para cubrir todos los aspectos de la enseñanza en todos sus grados, con dedicación plena.
- Empleo de todos los medios de comunicación social para difundir los grandes temas culturales y programar, a través de ellos, las campañas que sean necesarias encaminadas a despertar la inquietud entre las masas por alguna manifestación cultural.
- Divulgación, mediante campañas planificadas por expertos, de la literatura, la poesía, la música, el teatro, etc., de nuestro país.
- Implantación de las asignaturas de tipo cultural y artístico que se estimen convenientes, en todos los grados de la enseñanza.
- Fomento, a través de encuentros, aulas, seminarios, etc., de todas las manifestaciones artísticas.
- Dotación de becas, suficientes y amplias para estudios artísticos de todo tipo, así como para el perfeccionamiento de los iniciados en ellos.
- Instalación de Conservatorios, Escuelas de Danzas y de Arte Dramático, Escuelas de
Bellas Artes, etc., en todas las provincias españolas.
- Conservación y creación de museos, fomento de exposiciones, promoción de campañas artísticas y divulgación de todas las manifestaciones culturales.
En cuanto al patrimonio artístico español hay que puntualizar que se encuentra, en gran medida, en manos del Estado y de la Iglesia, los dos grandes depositarios de este patrimonio. La defensa de este patrimonio podría concretarse en una serie de funciones que habrían de realizar las Instituciones que son propietarias o depositarias del mismo, y que, a grandes rasgos, podrían ser la promoción del mismo, la de catalogar y difundir la existencia del indicado patrimonio, la de salvar monumentos, edificios, iglesias y catedrales de la planificación urbanística, la de recuperar lugares, pueblos o parajes de carácter artístico o histórico, y finalmente, la de promover una legislación eficaz y actualizada, que, recogiendo todos los aspectos del tema planteado, los regule coherentemente”.

Más preocupante me parece la tolerante actitud de Diego Márquez ante la pornografía: “Creo que la pornografía y el erotismo, con las matizaciones y características que diferencian a estos dos conceptos, son, efectivamente, unos fenómenos sociales que consideramos bastante extendidos en estos tiempos, pero que, realmente, se han dado a lo largo de la historia de todos los pueblos de una manera o de otra.
Lo que ocurre es que hoy, con las técnicas de difusión y los medios de comunicación actuales, da la sensación, y efectivamente es así, que estas manifestaciones tienen una mayor divulgación y un más amplio campo de proyección.
Pienso que estos fenómenos producen unas diferentes reacciones y causan unas diferentes consecuencias según el sector social sobre el que puedan incidir. Así estimo que, en general, los sectores sociales de más alto nivel cultural acogen estos fenómenos con bastante naturalidad e incluso con indiferencia, mientras que en sectores de menor o bajo nivel cultural la incidencia de los mismos puede causar reacciones negativas.
Del mismo modo, hay diferencias sustanciales, en cuanto a las reacciones que puedan producir la pornografía y el erotismo, atendiendo a la edad de los posibles destinatarios de los mismos, por lo que deben arbitrarse las formas necesarias para que los menores de edad no tengan fácil acceso al conocimiento de estos fenómenos o adoptar las medidas pedagógicas adecuadas para que, de una forma natural, vayan superando los indicados fenómenos.
No obstante, en España nos encontramos hoy, después de un largo período en el que ha predominado de modo absoluto una feroz censura, en un momento de explosión de estos fenómenos. Creo que, sin embargo, y en genera los españoles han acogido esta situación con bastante naturalidad y estimo que en un corto período de tiempo la pornografía y el erotismo quedarán reducidos, como en el resto de Europa, a una industria más, localizada en determinados establecimientos comerciales y con una regulación legal poco complicada.
Por ello estimo que sí sería conveniente una mínima legislación sobre el tema, fundamentalmente para regular su comercialización y evitar su difusión entre los menores de edad.
En cuanto al ciudadano adulto, estimo que debe ser dueño de sus actos y debe tener el suficiente criterio para reaccionar con naturalidad ante estos fenómenos, por lo que no creo que sea necesario que el Estado se dedique a tutelar su moral ni a preservar su virtud”.
Está claro que el Estado no puede ni debe poner a funcionarios para que persigan y registren cada hogar español en busca de contenidos pornográficos; ahora bien, eso no debería significar que el Estado no pudiera alertar sobre los riesgos de tales contenidos, igual que advierte hoy sobre los efectos nocivos del alcohol y los estupefacientes. Quizá esto parezca exagerado, pero no hay duda de que la pornografía convierte a los seres humanos en meros objetos sexuales y no puede ser vista como algo positivo en lo moral (y más por un movimiento que defiende una forma de ser y no sólo de pensar). Un Estado Nacional Sindicalista no debería poner ninguna facilidad a la comercialización de ese tipo de contenidos y sí tendría que endurecer las penas por su difusión entre menores de edad.

Finalmente, en las cuestiones laborales y sindicales, considero que Diego Márquez ha dejado un buen legado en lo que a desarrollo doctrinal se refiere y no he considerado conveniente añadir nada al respecto: “Para nosotros los nacionalsindicalistas, la legislación laboral no debe limitarse a regular las relaciones entre capital y trabajo, entre otras razones porque, ideológicamente, no admitimos esta relación. Como ya hemos dicho anteriormente, y en otras muchas ocasiones, para nosotros el trabajo es una función humana y el capital es un simple instrumento económico al servicio de la producción, por lo cual no cabe la posibilidad de armonizar dos cosas tan absolutamente dispares, no sólo en su concepto, sino también en su propia esencia, que hace de ellas elementos incompatibles.
Creemos que más importante que una legislación laboral, necesariamente promulgada por un sistema capitalista que, queramos o no, va a imprimir siempre un carácter paternalista o proteccionista a esas relaciones capital-trabajo, es alcanzar una auténtica justicia social. Y no tendremos justicia social mientras cada una de las clases, en régimen de lucha, quiera imponer a las otras su dominación
Por ello nuestra opinión sobre este tema se puede resumir en la afirmación de que antes de promulgar una legislación laboral, e incluso pensando en que esa legislación sea verdaderamente justa, hay que intentar superar, por vía revolucionaria, el actual dilema
capital-trabajo. Hay que ir, sin titubeos, al desmontaje del armatoste capitalista y a su sustitución por un sistema nuevo, que tendremos que empezar a construir, partiendo del propio hombre, del individuo, como occidentales, como españoles y como cristianos; tenemos que pasar por el hombre y por sus unidades naturales de convivencia, la familia el municipio y el sindicato, para culminar en el Estado; un Estado que sea la armonización de todo ello y que posibilite el desmontaje del aparato económico de la propiedad capitalista, que absorbe todos los beneficios en provecho de unos cuantos, para sustituirlo por la propiedad individual, por la propiedad familiar, por la propiedad comunal y por la propiedad sindical.
Sólo partiendo de estos supuestos entendemos nosotros la concepción posterior de un legislación laboral que realmente esté adecuada y dirigida eficazmente a regular todos los aspectos que tiene el mundo del trabajo”.
La actual estructura de la empresa, con la dicotomía capital-trabajo, en la cual predomina naturalmente y en todos los aspectos el capital, es totalmente injusta.
Nosotros entendemos, como ya hemos afirmado varias veces a lo largo de este trabajo, que para conseguir la construcción de un sistema nuevo, para empezarla desde el hombre, haciéndole recobrar su dimensión verdadera, para desproletarizarle, para darle conciencia de que tiene algo importante que hacer en el mundo del trabajo y que su trabajo lo está desarrollando sobre algo que también es suyo, hay que partir de la célula base de la economía, que es la empresa.
Hemos dicho, también muchas veces, que no será eficaz ningún aparato regulador de las relaciones entre empresarios y trabajadores que en la empresa, en donde desarrollan su labor diaria, están no sólo desunidos, sino enfrentados.
Y hemos repetido hasta la saciedad que la propiedad no es el capital; la propiedad es un atributo humano y el capital es un instrumento económico que debe estar al servicio de la comunidad, no del bienestar personal de nadie.
Pues bien, en la correcta situación de estos tres elementos, trabajo (función humana), propiedad (atributo humano) y capital (instrumento económico) dentro de la Empresa está la clave para la solución de muchos problemas. Sobre la distinción entre propiedad y capital, aplicada a la empresa, hay que incidir necesariamente si se quiere comprender el auténtico sentido del sindicalismo falangista.
Estas distinciones nacionalsindicalistas devolverán al hombre su puesto en la sociedad y en la economía y acabarán de una vez por todas con la monstruosa aberración de la detentación de todos los bienes económicos y de sus beneficios por parte de unas minorías privilegiadas.
Con la distinción entre capital y propiedad todos los que se afanan en un trabajo pueden y deben ser propietarios de su empresa. Cada trabajador dejará de sentir la angustia de tener que enajenar su trabajo como una mercancía; cada hombre se sentirá ligado íntimamente con su propia obra.
Y así tendremos el motor del auténtico sindicalismo falangista: con la afirmación de que el trabajo es una función humana y la propiedad es un atributo humano, con el convencimiento de que la propiedad no es el capital y que el capital es un simple instrumento económico al servicio de la producción, con la seguridad de que hay que cambiar el orden de la economía, con el objetivo claro de que los sindicatos deben ser cauces verticales de cuantos cooperan en la producción y factor determinante en la ordenación y planificación económica de España, con el compromiso de que por todos se respetará la disciplina que supone el cumplimiento, por cada uno de los miembros de la empresa y del sector de producción, de las funciones que le corresponden y con la voluntad de que mediante esta reorganización económica se incorporen al disfrute de las ventadas espirituales y materiales esas masas de hombres, desarraigados de toda armonía humana, que han sido siempre fácil presa de la economía liberal-capitalista o de la ordenación marxista.
Hay que sostener, por muy difícil que sea en esta sociedad capitalista de consumo, que la empresa está constituida por todos los que participan activamente en su proceso de producción, en unos u otros niveles, técnicos, profesionales o administrativos; que el capital no es, no debe ser, el propietario de la empresa y que el capital, como instrumento económico, necesario para el montaje material de la empresa, lo debe facilitar la Banca nacional o las entidades de crédito laborales, no los grupos de presión económica que persiguen, únicamente, la multiplicación rápida y segura de ese capital que prestan.
La autogestión me parece una fórmula híbrida si no se ha conseguido, precisamente, la propiedad de la empresa por los propios trabajadores. Si los trabajadores son los propietarios de la empresa, como preconizamos nosotros, la autogestión es una consecuencia lógica de ello; pero si los trabajadores no son totalmente dueños de la empresa me parece una fórmula incompleta”.
Como se desprende de todo lo expuesto en los temas anteriores, se trataría de confundir en una sola figura la del empresario y la del trabajador, de modo que coincidiendo sus propias personas coincidieran también sus intereses, sus objetivos y sus posibilidades.
Naturalmente si el trabajador se convierte, dentro de la empresa nacionalsindicalista, en su propio empresario y se siente dirigente de la marcha de la propia empresa y sabe que la plusvalía, el beneficio que su trabajo va a reportar, va a revertir en el mismo a través de su sindicato de empresa y que la responsabilidad de que todo ello se lleve a buen término recae exclusivamente en él, como trabajador y como empresario, no cabe siquiera la posibilidad de que surjan conflictos entre empresarios y trabajadores.
El sindicato de empresa, constituido por todos los componentes de la misma, sería el instrumento regulador de las relaciones económicas, laborales y administrativas de la misma, e incluso en pura teoría nacionalsindicalista, podría ser la persona jurídica que sustituyese, con ventaja, a la sociedad anónima en el plano de un futuro Derecho Mercantil enfocado, fundamentalmente, al servicio de la Comunidad y no de las minorías privilegiadas económicamente”.
En un sistema capitalista la huelga es, sin duda ninguna, una de las armas con las que cuenta el trabajador para hacer valer sus derechos y alcanzar las consecuencias de sus reivindicaciones sociales y laborales.
Indudablemente también debe haber otros métodos para conseguir alcanzar estas metas, entre ellos cabe la negociación, el convenio, etc., fórmulas todas ellas que deben utilizarse antes de poner en práctica la huelga.
Ahora bien, agotadas todas las fórmulas de acuerdo entre empresario y trabajador, no queda más solución que adoptar la postura de huela, en sus diversas graduaciones, para poder ejercer una presión que obligue a los empresarios a tomar en consideración las peticiones de los trabajadores. El que la huelga como postura laboral sea conveniente o no lo sea, es otra cuestión, ya que esto dependerá de muchos factores. Desde un punto de vista económico se dice que la huelga puede hacer que se resienta la economía de la empresa, del sector o de la propia nación, según al nivel al que se declare.
Por otra parte, la eficacia de la huelga estará en relación directa con la capacidad de los trabajadores para resistir el mayor tiempo posible en su postura reivindicativa y con la capacidad de la empresa para mantenerse en su postura contraria a las reivindicaciones laborales.
Existe otro factor a tener en cuenta: en un sistema capitalista democrático y liberal, la empresa puede disponer de un arma de cierta eficacia para contrarrestar la huelga laboral; esta arma es el despido libre.
Finalmente, y en relación a este factor de despido libre, cabe señalar el hecho concreto que puede darse en España: despido, por parte de la empresa, de los trabajadores que no se reincorporen al trabajo en el momento en que aquélla indique. Este hecho, que en países de fuerte desarrollo no tendría graves consecuencias por la gran demanda de trabajadores, y la escasez de los mismos, unido al hecho de abundancia de puestos de trabajo en España sí tendría una incidencia negativa para los trabajadores, porque al existir un exceso de mano de obra e incluso de especialistas y una gran escasez de puestos de trabajo, el trabajador despedido por causa de huelga se vería en una situación notablemente desventajosa para mantener sus posturas reivindicativas frente a la empresa y ésta se encontraría siempre en posición claramente ventajosa frente al trabajador. Utilizar la huelga como instrumento de presión política no es conveniente en general, ya que su eficacia de cara a la consecución de mejoras sociales y laborales, se vería deteriorada, toda vez que las posturas políticas a defender en una huelga pueden ser compartidas por todos los afectados por la misma, o no, y por otra parte, el hecho de prodigar la huelga con excesiva frecuencia, hace que pierda efectividad”.
Desde nuestro punto de vista, el nacionalsindicalista, el aparato sindical debe ser el auténtico motor del sistema. Entendemos que España, en lo económico, debe configurarse como un gigantesco sindicato de productores.
Para ello el aparato sindical debe montarse desde la misma empresa, en donde se constituirá el sindicato de empresa, célula básica del nacionalsindicalismo. Este sindicato, formado por todos los trabajadores de la empresa, desde el director al último aprendiz, será la entidad propietaria de la indicada empresa, y en su seno se determinará el órgano director de la misma que será el encargado de ordenar, planificar y controlar, no sólo la marcha técnica, económica o comercial de la empresa, sino también la distribución de la plusvalía.
Estos sindicatos de empresa estarían encuadrados por ramas de producción e integrados, local, provincial y nacionalmente en el sindicato de rama correspondiente, a través de su respectivo Consejo.
A los niveles antes indicados existirían Consejos Locales, provinciales y Nacionales en donde estarían representados todos los sindicatos y por tanto todas las ramas de producción.
La organización culminaría en un gran Congreso Sindical de Trabajadores que tendría entre otras importantísimas misiones, la de planificar la economía del país, no desde el punto de vista capitalista de beneficiar a unos pocos, sino desde el punto de vista sindicalista, concretado en alcanzar un beneficio para los trabajadores y en definitiva para España como comunidad de hombres y mujeres que se afanan por un quehacer común.
Así los Sindicatos no serán ya arquitecturas parasitarias, según el actual planteamiento de la relación de trabajo, sino integridades verticales de cuantos cooperan a realizar cada rama de producción.
(…)
En el nacionalsindicalismo, en el sindicato vertical, no hay nunca representación diferenciada de los empresarios y de los trabajadores, porque el trabajador es el propio empresario al ser propietario, a través de su sindicato de empresa, de esta misma empresa. No existen las secciones sociales y económicas que tratan de entenderse, artificialmente, fuera de la empresa; en los organismos oficiales de una Organización Sindical impuesta, cuando están enfrentados, casi continuamente, en esa misma empresa. En el nacionalsindicalismo la planificación de la economía, a todos los niveles, la realizan los propios trabajadores dueños de sus propias empresas. En el nacionalsindicalismo la entidad propietaria de la Empresa no es la Sociedad
Anónima, sino el Sindicato de Empresa, donde se adscriben todos los trabajadores de la misma, y en donde deciden quiénes de ellos van a ser los directivos de la misma y por cuánto tiempo. En el nacionalsindicalismo, en fin, la plusvalía de la producción queda enteramente en poder del Sindicato Vertical de productores, no en poder del capital, como preconiza el capitalismo, ni en poder del Estado, como preconiza el marxismo.
En cuanto a la segunda parte de este tema, sobre si la sindicación debería ser obligatoria, entendemos que en una democracia liberal, como su propio nombre indica, hay que dejar libertad al hombre, "aunque sea trabajador", para que opte por lo que quiera.
Naturalmente, y por instinto de conservación, el hombre que trabaja supeditado a unas condiciones laborales que, en todo sistema liberal impone el capital, debe agruparse profesionalmente a través de un sindicato para tratar de defenderse de esta situación.

De modo que pensamos que si el trabajador se encuadra necesariamente en un sindicato, la obligatoriedad de este encuadramiento no viene dada por una disposición legal que así lo determine, sino por algo que podríamos denominar defensa propia”.


http://www.hispaniainfo.es/web/2013/09/05/valoracion-de-las-propuestas-de-diego-marquez-en-circulos-jose-antonio/

http://tradiciondigital.es/2013/09/09/valoracion-sobre-las-propuestas-de-diego-marquez-en-circulos-jose-antonio/


Este artículo fue publicado en el portal Hispaniainfo el 5 de septiembre de 2013 y en el portal Tradición Digital el 9 de septiembre de 2013